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Ley Memoria Historica


REPARACION A LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA EN EL 70º ANIVERSARIO DEL ALZAMIENTO
El Gobierno renuncia a anular los consejos de guerra del franquismo

Enric Hernandez /El Periodico de Extremadura | 16 jul 06

El Ejecutivo alega problemas legales y solo prevé una "rehabilitación moral" de los represaliados. Un dictamen considera que la revisión de los juicios reabriría las heridas de la guerra civil.

Con más de un año de retraso, el Gobierno aprobará este mes el proyecto de ley de la memoria histórica, destinado a restañar las heridas del franquismo. 28 años después de las primeras elecciones democráticas, esta será la primera norma que busque un reconocimiento integral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Pero no colmará todas sus aspiraciones. Porque, según un portavoz oficial de la Moncloa, el Ejecutivo ha renunciado a incluir en el texto la prometida anulación de los consejos de guerra y de otros juicios sumarísimos del franquismo.

El próximo martes, 18 de julio, se conmemora el 70º aniversario del alzamiento militar contra la Segunda República que, acaudillado por el general Franco, desembocó en tres años de guerra civil y 40 de represión. Pero la barbarie tiene más cifras: 150.000 españoles fusilados o ajusticiados a garrote vil por motivos políticos, en cumplimiento de penas de muerte dictadas en juicios sumarísimos o en consejos de guerra sin garantías jurídicas; otros 500.000 largamente encarcelados por idéntico procedimiento; por no hablar de los más de 30.000 desaparecidos, ejecutados sin un juicio injusto.


LA PROMESA DE ZAPATERO Coincidiendo con este triste aniversario, en los próximos días el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, cumplirá al fin su promesa de resarcir a las víctimas --de ambos bandos-- de la guerra civil y a los represaliados por la dictadura. Incluido Lluís Companys, president de la Generalitat de Cataluña ejecutado en 1940. Cuando Zapatero llegó a la Moncloa, una de las primeras peticiones que le planteó Pasqual Maragall fue la "restitución pública de la honorabilidad" de Companys, incluida la anulación de su consejo de guerra. El Gobierno encomendó a una comisión interministerial que estudiara cómo revisar el sumario. Y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega prometió dar "satisfacción moral y jurídica" a Companys y a quienes sufrieron "procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo".

Pero tal "satisfacción jurídica" a Companys no figura en la ley que ha elaborado De la Vega. Alega el Gobierno que la ley de amnistía de 1976 impide revisar de forma generalizada todos los juicios del franquista, pues, según varias sentencias, se desarrollaron según la legalidad entonces vigente. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no solo comparte ese criterio, sino que su argumentado rechazo a la anulación de estos sumarios ha sido determinante para que Zapatero desista de su propósito inicial. Conde-Pumpido encargó un informe al respecto a Fernando Herrero-Tejedor, fiscal de la Sala Militar del Tribunal Supremo que siempre se ha opuesto a la reapertura judicial de las causas del franquismo. Su dictamen no deparó sorpresas: Herrero-Tejedor consideró "altamente contraproducente" la revisión de los consejos de guerra, y argumentó que con ello se reabrirían las heridas, "totalmente cicatrizadas", de la guerra civil.


AYUDAS, FOSAS Y SIMBOLOS El proyecto solo regulará una "rehabilitación moral y simbólica" de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, según confirman las fuentes gubernamentales consultadas. El texto, eso sí, sistematizará y mejorará las ayudas económicas al colectivo; fijará los mecanismos para la exhumación de fosas comunes en busca de desaparecidos; facilitará el acceso a las bases documentales que acreditan la represión; propiciará la retirada de símbolos franquistas; y transformará el Valle de los Caídos, donde están los restos de Franco, en un Memorial de la Libertad.


PRESION DE LOS AFECTADOS Por su parte, ante la proximidad del 70º aniversario de la insurrección franquista, los colectivos que agrupan a las víctimas de la dictadura han unido sus fuerzas para presionar al Gobierno y forzarlo a asumir sus reinvindicaciones. 50 entidades comprometidas con la recuperación de la memoria histórica se concentraron ayer en Barcelona bajo el lema No a la desmemoria. Exigimos la creación de un Memorial Democrático. También en Madrid diversas asociaciones presentaron un texto de condena del franquismo y solicitaron la reparación moral y jurídica de las víctimas de la dictadura. Y hoy, a las 19 horas, otras entidades harán lo mismo en la Puerta del Sol.



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