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Ante la ley de memoria histórica. Análisis y valoración


Valoración sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno
La Memoria defraudada. Análisis del Proyecto de Ley de Memoria

Foro por la Memoria | 14 sep 06

El Gobierno presentó en el Consejo de Ministros del día 28 de Julio el denominado PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLIAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCION O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA: dicho texto viene a expresar y a dar cuerpo normativo – a la espera del debate y aportaciones en sede parlamentaria- a la visión sobre el proceso de recuperación de memoria histórica que tiene el actual Gobierno, el cual deriva del importante debate social abierto en tal sentido.


Antes de un análisis valorativo conviene hacer una breve descripción del borrador: dicho texto contiene una exposición de motivos donde refiere que “el espíritu de la Transición” -en cuanto modelo de convivencia- debe guiar el actual proceso de reconocimiento a las víctimas. Asimismo hace una declaración de intenciones al afirmar que no es objeto de la ley implantar una determinada memoria histórica ni corresponde al legislador reconstruir una supuesta memoria colectiva pero si proteger el derecho a la memoria personal y familiar.

A continuación el articulado comienza con el objetivo de la ley, que no es sino promover la reparación moral y recuperación de la memoria personal y familiar.

El artículo 2 plasma el reconocimiento general – como expresión del derecho referido- sobre el carácter injusto de las acciones violentas por razones políticas desde 1936 hasta 1975, haciendo una descripción extensa del concepto de razones políticas o ideológicas.

Se reconoce el DERECHO a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas: el proceso será a través de sus familiares o instituciones públicas pero sólo durante el año siguiente a la entrada en vigor de la ley. A tal fin, se habrá de dirigir una solicitud a la Comisión Interministerial para la atención a quienes padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura, comisión de nueva creación y que sustituirá a la anterior Comisión de estudio.

Dicha Comisión estudiará la solicitud y la podrá elevar a un Consejo integrado por 5 personas de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias sociales y elegido por una mayoría de 3/5 del Congreso: la declaración SOLO constatará que las ejecuciones, condenas o sanciones son manifiestamente injustas PERO en ningún caso podrá dar lugar a reparación económica o profesional alguna y – además- omitirá cualquier referencia a la identidad de las personas implicadas. Finalmente serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

En otro orden de cosas, el proyecto trata de mejorar las prestaciones asistenciales a las víctimas, así como las pensiones, y amplía las previsiones para los privados de libertad en batallones disciplinarios, estableciendo también exenciones de IRPF y ayudas fiscales.

Por otro lado, la administración se obliga a colaborar en las exhumaciones instadas por familiares o por organizaciones, requiriéndose autorización administrativa para las mismas y reconociéndose el carácter de utilidad pública e interés social de tal actividad a los efectos de poder instarse la expropiación temporal de terrenos que no sean de titularidad pública y cuyos dueños se opongan a los trabajos de exhumación.

Respecto a los símbolos en ámbitos de titularidad estatal serán retirados salvo razones de interés general, artístico o arquitectónico: respecto al Valle de los Caídos se regirá exclusivamente como ámbito de culto y como cementerio público sin que se puedan producir actos políticos en su seno. Además, su fundación deberá honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

Se subvencionará la elaboración de censos de edificaciones y obras públicas realizadas por los denominados “trabajadores esclavos”, adscritos a los Batallones Penitenciarios.

Plantea reconocer la nacionalidad española a los Brigadistas Internacionales sin necesidad de que renuncien a su nacionalidad de origen.

Establece la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil a las organizaciones que hayan contribuido a la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas.

Crea un Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, que deberá recuperar, reunir y organizar los fondos documentales además de crear un Archivo General de la Guerra Civil Española, previendo la adquisición pública de nuevos fondos documentales de instituciones públicas o privadas españolas o extranjeras y se fija el DERECHO de acceso para los interesados a los archivos públicos y a la obtención de copias y también para los archivos privados sostenidos con fondos públicos.

Finalmente se reconoce la condición de víctima a los efectos de la Ley a las personas muertas en defensa la democracia entre el día 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 con derecho a una determinada indemnización.

La primera valoración que ha de plantearse es la de decepción ante la tibieza de un texto que, si bien inicialmente resulta positivo, trás un somero repaso resulta claramente insuficiente e incluso frustrante: cabe referir como dato anecdótico pero muy significativo que la denominación e “franquismo” sólo aparece en dos ocasiones en todo el texto del proyecto mientras que Franco no aparece en ninguna ocasión, utilizando eufemismos para referirse a la dictadura franquista tales como “el periodo histórico surgido después de la Guerra Civil” o ”el régimen dictatorial surgido con posterioridad”, etc. Tampoco aparece en ningún momento la palabra República ni referencia alguna al régimen democrático republicano ni nada similar, refiriéndose en algunas ocasiones sólo como” la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936”.

1.- En primer lugar, si como positivo cabe referir que plantea la MEMORIA como parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática ¿cómo es posible que no se planteé al nulidad radical -ex lege- de todos los juicios franquistas por motivaciones políticas, ideológicas y/o sociales?

Ha de tenerse en cuenta que toda sentencia firme, incluidas –obviamente- las sentencias de los tribunales represivos franquistas de la Guerra Civil y de la Dictadura, tienen efectos de cosa juzgada y que, por lo tanto, sus pronunciamientos se proyectan sine die con plena vigencia: esto significa que -por ejemplo- don Joaquín Moreno Tormos, fusilado en Madrid el día 31 de octubre de 1939 tras un procesamiento no ya sin ninguna garantía sino sin la más mínima noción de justicia o mera posibilidad de defensa, sigue siendo a día de hoy, un sedicioso que auxilió a la rebelión (¡!) .

Es imprescindible que el Gobierno difunda y haga públicos no sólo los resultados, informes y conclusiones de la Comisión Ministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura pero, sobretodo, aquellos informes jurídicos que ha manejado para decidir no plantear la nulidad radical de dichas sentencias en contra del sentido común no sólo ético sino eminentemente jurídico respetuoso con los valores consagrados en nuestra Constitución de 1978: ha de resaltarse -como ya hacen buen número de juristas españoles de calidad innegable y reconocido prestigio- que dichos juicios son radicalmente nulos porque eran desarrollados por órganos militares que no pueden ser calificados como “tribunales” dada su total y absoluta dependencia jerárquica del poder ejecutivo y, a su vez, sometidos a la disciplina castrense. Asimismo, en dichos procesos existía una total vulneración de todas las garantías y derechos mínimos en cualquier proceso penal.

A mayor abundamiento sobre la imprescindibilidad de plantear esta nulidad radical de los juicios franquistas hemos de mencionar la nula viabilidad procesal hasta el día de hoy de los recursos judiciales tendentes a revisar jurisdiccionalmente las sentencias de muerte, los cuales chocan con el rigor formalista del recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, órgano inicialmente competente para tal cuestión dado el carácter militar de los tribunales sentenciadores .

El axioma jurídico de que “quien niega al negador del Derecho, afirma el Derecho” plantea que la seguridad jurídica estriba precisamente en hacer valer un ordenamiento jurídico constitucional democrático, inspirado en los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, donde la justicia aparece como un primer propósito del Estado Social y Democrático de Derecho de 1978 en aras al respeto de la dignidad humana y las garantías inherentes a la misma y extender sus virtuosos efectos sobre las aberraciones represivas pseudojurídicas inventadas por la Dictadura a fin de exterminar al oponente político desde el día 18 de Julio de 1936.

La Dictadura del general Franco era un régimen ilegitimo ab initio y, por lo tanto ilegal, que tiene su génesis en una sublevación contra un Gobierno legítimo sustentado en un ordenamiento jurídico constitucional democrático: así fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en varias sesiones plenarias durante 1946, muy especialmente la de 12 de diciembre de 1946 .




Sostener que la seguridad jurídica impide la declaración de nulidad de los juicios franquistas en los actuales tiempos, donde las doctrinas jurídicas sobre la plena vigencia de la jurisdicción universal, la anulación de las leyes de punto final, las derogaciones de las autoamnistías, la imprescriptibiidad de los crímenes contra la Humanidad y la creación de Tribunales Internacionales y Cortes de Justicia ad hoc para su persecución no deja de ser un ejercicio de cinismo precisamente en España, cuyos Jueces, Juzgados y Tribunales se han situado a la vanguardia en la persecución de este tipo de delitos y de las mismas dictaduras que los han posibilitado.

Por lo tanto, el restablecimiento de la legalidad democrática tras la Constitución de 1978 enlaza con la legitimidad democrática de 1931 y restituye ese hilo democrático e institucional, dejando la dictadura franquista como un paréntesis no sólo carente de democracia sino, sobretodo, carente de legitimidad y de legalidad: la seguridad jurídica estribaría en nuestro ámbito, por tanto, en anular las consecuencias jurídicas más aberrantes de dicho entramado represor ilegal como son sus sentencias, condenas y sanciones.

Asimismo, tras la doctrina emanada de los juicios de Nuremberg y su configuración de crímenes contra la Paz y contra la Humanidad no cabe referir seguridad jurídica alguna en el hecho de “preservar” la efectividad jurídica de sentencias asumidas bajo los parámetros de persecución y exterminio del oponente y ajenos a los mas mínimos atisbos de justicia, ¿o es que alguien duda, por ejemplo, de la nulidad radical de las leyes de esterilización del régimen nazi o, más aún, de las leyes que fijan la “solución final” que también fueron el producto legal – les niego la calificación de leyes- de los gobernantes alemanes en determinado periodo histórico?.

Como ha sostenido recientemente el magistrado del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín sobre las víctimas del franquismo “Despojarles – esgrimiendo problemas de retroactividad- de la titularidad de derechos tan fundamentales como el derecho a ser juzgado por un tribunal legítimo, a no ser torturado ni ejecutado extrajudicialmente, es negarles su condición humana. Afirmar que carecían de ellos hasta que llegó la Constitución supone privarles de la dignidad humana inseparable de la condición humana.Si eran humanos tenían derechos y éstos claman por su reconocimiento aunque sea tardío”.

Hemos de recordar que tanto el Consejo de Europa como el Parlamento Europeo han constatado y resaltado el carácter ilegítimo de la Dictadura franquista en sendas y respectivas resoluciones de condena del régimen de general Franco este mismo año, así como sus aberrantes mecanismos represivos.

El derecho de las víctimas a la verdad histórica exige que el Estado asuma el deber institucional de adoptar las normas necesarias para privar de toda validez a los referidos procesos a través de los cuales se consumó la represión y el exterminio.

Sin embargo, la insuficiente respuesta que aporta el proyecto es doble: por un lado una declaración genérica y testimonial del carácter injusto de la condenas y por otro la posibilidad de obtener – el derecho, se refiere- una declaración de reparación y reconocimiento personal e individualizada, de la que, a parte del anonimato de los responsables, no cabe extraer más consecuencia que la constatación de la injusticia (una obviedad) pero no ninguna otra.

De manera indudable, la memoria se halla estrechamente vinculada al concepto de justicia y a tal concepto le repugna, por ejemplo, el hecho del “anonimato institucionalizado” de las personas que estuvieron implicadas en grado de ejecutores en el proceso represivo:¿Cuál es la motivación que guía ese ánimo ocultista sobre la nómina de los represores? ¿por qué las víctimas y sus familias han de ser ofendidas de nuevo “protegiendo” la identidad de sus ejecutores? . Recordemos que memoria, verdad y justicia forman una triada de inseparable e ineludible trayectoria para que puedan desplegar sus virtuosos efectos de una manera plena y adecuada.

Por otro lado, cabe referir que el plazo establecido para solicitar tal declaración resulta exígüo dado el lamentable funcionamiento de las instancias donde han de reclamarse los documentos justificativos de la pretensión, con archivos sin catalogar, en lamentable estado de conservación, dificultades o trabas para la solicitud, etc . Asimismo da la sensación de que la recuperación de la memoria tendrá un plazo de caducidad, tras el cual todo debe quedar cerrado y aquietado, lo cual desde el punto de vista de la pedagogía social en vez de proyectar la recuperación de la memoria como un triunfo cívico de constatación y reafirmación de la JUSTICIA y otros valores democráticos lo hace aparecer como algo quizá vergonzante a eludir y a solventar rapidamente.

Quizá lleguemos a saber algún día que la motivación que ha empujado a no asumir la nulidad de los juicios franquistas sea una motivación económica: a parte de la mezquindad de dicho argumento económico y en relación con la existencia del mismo, hemos de llamar la atención sobre el reciente proceso jurídico normativo de resarcimiento a la UGT para la devolución del patrimonio sindical incautado, que ha demostrado que las arcas públicas deben servir para corregir, o al menos compensar económicamente, las aberraciones represivas de la Dictadura.

También repugna la no valoración del resarcimiento profesional toda vez que muchas víctimas de la dictadura también fueron depurados y/o purgados, especialmente funcionarios, con especial mención a los académicos, docentes, maestros y profesores y también los militares leales a la República: ¿Qué decir de las insidiosas menciones en sus expedientes administrativos o en su hojas de servicio donde se vertieron toda clase de calumnias y mentiras para justificar su expulsión y, en mucho casos, su eliminación física? Parece ser que han de perdurar sine die.

Caber referir dudas en este aspecto también sobre que estas declaraciones supondrán que “los comportamientos en su día enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principio y valores constitucionales hoy vigentes”(art. 3 final): ¿puede ello ser interpretado en contra del reconocimiento de los guerrilleros que se mantuvieron alzados en armas como única vía de lucha contra un sistema ilegítimo y totalitario?

2.- Otro punto a valorar es el hecho de la configuración en el proyecto del concepto de memoria vinculado al más estricto ámbito personal y familiar, hablando incluso de un derecho individual a la memoria personal y familiar del individuo: este concepto de memoria sentimental o privada, imprescindible en todo caso, debe ir parejo a un proceso colectivo, social de memoria y ello debe ser es así porque atañe a la sociedad española en su conjunto dado que es la heredera natural de los procesos históricos que ella misma ha vivido: tras casi cuarenta años de sistemática e institucionalizada labor pública de antipedagogía social sobre el periodo republicano y sobre los luchadores antifranquistas por la libertad, más las propias herencias culturales e ideológicas del franquismo, y dado que la memoria es la construcción social del recuerdo, debemos instar a la proyección pública y colectiva, diáfana y transparente, de la memoria democrática sin restringirla exclusivamente al ámbito privado.

Esto implica medidas públicas de fomento de la investigación, constatación y divulgación de los crímenes cometidos durante el franquismo así como recolección de datos y publicación de lo mismos a fin de evitar revisionismos históricos que, ante el silencio oficial y la carencia de respuesta institucional sobre la iniquidad franquista, traten de minimizar o incluso negar las aberrantes consecuencias de la Dictadura.


3.- Respecto a la cuestión que permanece latente en todo el téxto del proyecto sobre la ampliamente comentada “necesaria equiparación de las víctimas de ambos bandos” es preciso recordar que la Dictadura franquista durante toda su existencia se encargó muy mucho de castigar a los derrotados (con amplio y brutal exceso como es sabido) pero también, y sobretodo, de otorgar prebendas, privilegios y ventajas a las víctimas del bando vencedor: es moralmente inaceptable bajo unos mínimos criterios éticos equiparar a aquellos que defendieron – y dieron su vida en tal defensa- un sistema democrático y una legalidad institucional plasmada en la II República y en su Constitución de 1931 con aquellos que subvertieron dicho orden democrático, no aceptaron las normas mínimas de convivencia del mismo y lo violentaron por la fuerza de las armas, dando lugar primero a un violentísimo golpe de estado cuyo fracaso generó una larga y cruel guerra donde se propició el exterminio de aquellos que, precisamente, se habían mantenido leales a la legalidad vigente.

Las posiciones que sustentan la idea de plantear un trato de igualdad para ambos bandos tratan, simplemente, de hacer demagogia y complicar todo, impidiendo que las víctimas del franquismo sean objeto de reparación alguna, al tiempo de eludir la certificación histórica de la sangrienta matanza fundacional de la que nació la Dictadura franquista.

En este sentido ha de resaltarse que pese a que el modelo franquista de exterminio institucionalizado del adversario político se basaba en la represión más contundente, siempre tuvo buen cuidado de referir los “desmanes” de la violencia republicana: ese es el origen no sólo de la Causa General sino de todas las instrucciones y ordenes expedidas a Fiscales, Ayuntamientos, Guardia Civil, etc para documentar y recordar la “barbarie roja”, además de las exhumaciones oficiales y enterramientos rituales ad pompam de las víctimas del bando vencedor , la creación de un Registro Central de Ausentes con normas precisas para que los notarios, jueces y registradores facilitasen dichos trámites, además de la obligatoriedad de la consabida lapida en los muros de las iglesias correspondientes.

También conviene recordar que las víctimas del bando vencedor, especialmente los religiosos, siguen recibiendo reconocimientos y homenajes, incluyendo su beatificación eclesiástica a la que acuden representantes del poder institucional español sin que nadie haya planteado el carácter revanchista o “guerracivilista” de dichas actuaciones.

Referir finalmente en este ámbito que, desde el principio, la Dictadura franquista compensó a su víctimas: así, a las familias de “mártires y caídos de la Cruzada”, a sus viudas, huérfanos, etc, a los caballeros mutilados, a los excombatientes, a los excautivos, etc les fueron otorgados privilegios y prebendas: referir la Ley de 22 de julio de 1939 que crea el patronato encargado de la provisión de las administraciones de loterías, expendedurías de tabaco y surtidores de gasolina con taxativas precisiones al respecto .


4.- En referencia al muy sensible asunto de las exhumaciones, entendemos que el Estado debe asumir la responsabilidad jurídica que le corresponde y no dejar el tema en manos de asociaciones y particulares, aunque sólo sea por no mantener un agravio histórico con respecto al trato que el mismo Estado dio a las víctimas de los vencedores, tal y como hemos referido.

No sólo no es aceptable esta externalización de la labor de exhumación de las víctimas de la violencia franquista sino que se debe garantizar y asegurar la intervención pública e institucional – con carácter obligatorio- en la localización de las fosas, las exhumaciones de los restos y la individualización e identificación de las víctimas, todo ello conforme a un protocolo único que garantice la adecuada investigación tanto antropológica y forense sobre las víctimas y sus muertes sino también sobre el contéxto histórico en el ámbito local, social, político, etc en que se producen dichas muertes, así como la divulgación de dichos procesos y sus conclusiones a fin de ir reconstruyendo esa historia de la represión sobre la cual -a más de 70 años vista- carecemos de datos concluyentes: es necesario reflejar que la ausencia de dichas labores de exhumaciones institucionalizadas y con intervención pública puede dar lugar a “desenterramientos” realizados con toda buena fe pero sin el más mínimo rigor, que impidan la adecuada recuperación de la memoria, la cual quedará perdida para siempre. Por otro lado, dicha ausencia de trabajos rigurosos al respecto de las fosas permite la existencia de posiciones negacionistas sobre la represión franquista que, ante la carencia de datos e investigaciones, se atreven a negar a dia de hoy la magnitud del exterminio.


Finalmente hemos de reiterar las propuestas que hemos venido realizando desde las organizaciones, desde la propia sociedad civil, que trabaja en pos de una recuperación digna de la memoria en España y entre las que cabe citar -a título meramente enunciativo- las siguientes:

•Solicitar el cumplimiento íntegro de las funciones de la Comisión establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1891/2004, a saber
- la elaboración de un estado de la cuestión sobre los derechos reconocidos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
- la elaboración de un informe sobre las condiciones de acceso a los archivos públicos o privados a tal fin - la divulgación de los trabajos de dicha Comisión, así como los informes sobre los que ha podido trabajar y las conclusiones a las que ha llegado

•Declarar la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y/o sanciones por los motivos contemplados en el artículo 2.2 del proyecto de Ley.

• Aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (imprescriptibilidad, derecho a saber, derecho a la justicia, derecho a la reparación).

• Determinación en la Ley de la obligación administrativa a todos los niveles en la intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados.

• Elaboración de un protocolo de actuación científica multidisciplinar que asegure la adecuada intervención en las exhumaciones a los adecuados efectos forenses, historiográficos y judiciales para garantizar la adecuada constatación y divulgación de los hechos.

• Establecer la obligatoriedad para todas las administraciones (central, autonómica y local) de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios, etc.


• Instar a las instituciones privadas y/o religiosas, especialmente a aquellas que perciban fondos o subvenciones públicas, a lo establecido en el párrafo anterior en bienes o ámbitos de su titularidad.

• Diseñar un plan de actuación sobre el denominado Valle de los Caídos tendente a promover el traslado de los restos de las personas enterradas en su altar y su entrega a sus familiares para su adecuada inhumación privada, asi como facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten de los restos de las personas inhumadas en la cripta.

• Elaborar un Plan de regeneración democrática del recinto e instalaciones del Valle de los Caídos que explicite de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.

• Profunda revisión de los contenidos de los libros de téxto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra civil y la dictadura franquista.


Madrid, 8 de agosto de 2006



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