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Grupo apoyo Granado-Delgado consideran 'política' la decisión del Supremo

Efe | 13 dic 06

El grupo pro revisión del proceso contra los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado consideró hoy 'política' la decisión del Tribunal Supremo de denegarles autorización para interponer recurso de revisión de la condena a muerte dictada en plena dictadura franquista.

'Denunciamos el carácter político de la decisión tomada por los magistrados (...) que dan mayor crédito al montaje acusatorio de la policía franquista que a las declaraciones de los verdaderos autores de las acciones por las cuales fueron condenados y ejecutados Granado y Delgado', indicó el grupo en un comunicado.

Recordó que Granado y Delgado 'siempre negaron ser los responsables' de los actos que les imputaron, unas declaraciones 'confirmadas por los coordinadores de Defensa Interior, el organismo que la propia policía y prensa franquistas presentaron como organizadores de aquellas acciones'.

La sala de lo Militar del Supremo denegó hoy a los familiares de Granado y Delgado la autorización de pedir la revisión del caso, algo que el mismo Tribunal había hecho ya en 1999.

Entonces, los magistrados consideraron que no se había presentado ningún hecho novedoso, una interpretación que corrigió el Constitucional en 2004, cuando consideró que el testimonio de los verdaderos autores de los actos imputados a Granado y Delgado sí era nuevo.

'No cabe pues la menor duda de que la decisión de estos tres magistrados esta motivada por evidentes razones ideológicas (reconocer a la dictadura franquista como la 'legalidad de la época') y no por razones jurídicas', indicó el grupo de apoyo a los dos opositores al franquismo, ejecutados el 17 de agosto de 1963 por medio de garrote vil.

Señaló también que 'el Tribunal Supremo no decide en función de la actual jurisprudencia sobre revisiones y se sitúa fuera del Estado de derecho de la Justicia de los países democráticos'.

Los hechos se remontan al 29 de julio de 1963, fecha en la que fueron colocadas dos bombas en Madrid, una en la Dirección General de Seguridad y la otra en la Delegación de Sindicatos, sin que su explosión causara víctimas, aunque si múltiples heridos.

Dos días después fueron detenidos Granado y Delgado, quienes el 13 de agosto de 1963 fueron condenados a muerte en una sentencia dictada por un consejo de guerra, que vio la causa por el procedimiento sumarísimo y calificó los hechos de delito terrorista.

En 1996 en un programa de la televisión franco-alemana 'Arte', y tras una previa declaración ante notario, los también anarquistas Antonio Martín y Sergio Hernández se autoinculparon de la instalación de los explosivos en 1963, revelación que se reprodujo en otros medios de comunicación españoles.

Por ello, en febrero de 1998 la viuda de Granado, Pilar Vaquerizo, y Francisco Delgado, hermano de Joaquín Delgado, reclamaron al Supremo que anulara la sentencia y les declarara inocentes.

En marzo de 1999 el Supremo denegó en un auto la autorización a los familiares de los ejecutados para interponer recurso de revisión de la sentencia de muerte, pero el Constitucional declaró nula la decisión del Supremo en 2004.



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