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El Senado defiende a los brigadistas comunistas polacos repudiados en su país

Pablo X. Sandoval / El país | 23 mar 07

Una moción, también firmada por el PP, cuestiona las condiciones democráticas en Polonia

Las columnas de la tumba del soldado desconocido en Varsovia ya no recuerdan a los caídos en las batallas del Ebro, Brunete y Jarama. Es parte de la política de limpieza de cualquier vestigio del comunismo en Polonia, emprendida por el nuevo Gobierno conservador. El Senado español ha reaccionado a la pretensión, dentro de esta misma política, de retirar la pensión a los brigadistas polacos que combatieron en la Guerra Civil y pedirá al Gobierno que ponga los servicios diplomáticos a disposición de estas personas nonagenarias para prestarles "toda la ayuda necesaria, material y jurídica".

Una moción suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara alta, denuncia que "el Gobierno actual de Polonia quiere eliminar de la historia de su país el recuerdo de los brigadistas polacos que combatieron en defensa de la República española, a los que [las autoridades polacas] califican de 'traidores y criminales". El texto justifica la reacción española porque estas personas, en virtud de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de enero de 1996, tienen derecho a la nacionalidad española.

"En Polonia, el Gobierno conservador ha anunciado la retirada de sus derechos y sus pensiones, como ya ha eliminado sus nombres de las calles y de las escuelas", dice el texto. El Gobierno polaco y el Instituto de Memoria Nacional de Polonia (IPN) preparan un proyecto de ley que suprimirá las rentas especiales concedidas a los veteranos de la II Guerra Mundial y de la lucha contra el fascismo. Esto afecta a los brigadistas de la Guerra Civil, que según el IPN, fueron unos "traidores" que combatieron en España "para construir allí el comunismo".

La moción fue redactada y promovida por el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, el socialista valenciano Segundo Bru, y ya está firmada por todos los grupos (PP, PSOE, Entesa Catalana, CiU, PNV, CC y Mixto). El texto fue presentado a los portavoces de la Comisión de Exteriores, que garantizaron su apoyo. Su aprobación será oficial el 17 de abril.

El texto está dirigido a la defensa de un grupo de ancianos que tiene derecho a la nacionalidad española, y por tanto, si lo desean, a todas las prestaciones sociales previstas en España. Pero, eludiendo un tono de condena expresa, la moción considera también que "el Gobierno polaco está incumpliendo los compromisos adquiridos como miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea de respetar los derechos humanos y democráticos".

Las peticiones concretas del Senado al Gobierno español son, en primer lugar, "mostrar su solidaridad con los miembros de las brigadas internacionales polacos" y "manifestar su rechazo ante cualquier medida discriminatoria" contra ellos. El proyecto del Ejecutivo polaco implica "no sólo una violación de los derechos humanos sino, en este flagrante caso, de la simple y noble dignidad humana".

El Senado también pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que lleve el caso ante instancias superiores. Concretamente, "a los órganos correspondientes de la UE".

La justificación de la moción habla de que para estas personas "España es su segunda patria". "Vinieron a España a luchar por la libertad y la democracia, lucha que continuaron después en sus respectivos países, en la II Guerra Mundial, contra el nazismo".

Unos gemelos controlan hoy Polonia. El presidente, Lech Kaczynski, es el principal impulsor de la legislación que repudiará a los brigadistas comunistas. Su hermano gemelo, Jaroslaw, es el primer ministro y ha definido el socialismo como "un régimen de la chusma para la chusma".

En noviembre de 1990, poco después de la caída del comunismo, el Parlamento polaco privó a los antiguos brigadistas de sus derechos como veteranos (un plus de jubilación y otros pequeños privilegios). Entonces no quedaban más de un centenar.

La obsesión por la revisión del pasado se plasma también en la llamada Ley de Lustración, que entró en vigor el pasado 15 de marzo. Según esta ley, entre 400.000 y 700.000 polacos tienen dos meses para confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó Polonia hasta el derrumbe del bloque soviético. Los afectados deben rellenar un formulario y entregarlo al Instituto de Memoria Nacional. Si no lo hacen, o mienten, pueden sufrir 10 años de inhabilitación.

El Senado español, en la moción suscrita por todos los grupos, critica esta purga anticomunista en un país de la UE. La Cámara alta considera que "el Gobierno polaco, al intentar expulsar de su historia la gesta de los brigadistas internacionales, está suprimiendo no sólo una parte de la historia de nuestro país sino también de Europa, puesto que la Guerra Civil española fue innegablemente prólogo de la posterior confrontación internacional de las democracias con el totalitarismo fascista".


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