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Ley de la Memoria Histórica

PCE | 04 oct 07

Recta final de la negociación en el Congreso

EL PCE CREE QUE ES INDISPENSABLE LA ANULACIÓN DE LOS JUICIOS FRANQUISTAS. UNA SIMPLE DECLARACIÓN DE “ILEGITIMIDAD” NO ES SUFICIENTE. NI SIQUIERA CON UNA ACLARACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El último acuerdo entre PSOE e IU no cambia sustancialmente la ley, que en sus términos actuales corre el riesgo de convertirse en una especie de amnistía general encubierta. En este sentido, la simple declaración de “ilegitimidad” de las sentencias no es suficiente, ya que no tendría efectos jurídicos y la situación general no cambiaría en lo fundamental, incluso aunque se hubiera acordado una referencia en la Exposición de Motivos, que no es jurídicamente vinculante.

El PCE cree indispensable para poder apoyar el proyecto de ley que se declaren nulos todos los juicios franquistas por motivaciones políticas, ideológicas o sociales. Es preciso aclarar que las sentencias citadas tienen efectos de cosa juzgada y que, en ese sentido, sus pronunciamientos se proyectan con plena vigencia.

Hasta el momento los juicios franquistas aparecen “blindados”, ya que existe una nula viabilidad procesal, dado que los recursos judiciales correspondientes chocan con el rigor formalista del recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal de lo Supremo, órgano inicialmente competente.

La salida realmente aceptable es la nulidad de todas las sentencias producidas en el seno de un régimen ilegal que tiene su origen en una sublevación contra un gobierno legítimo, como así fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión del 12 de diciembre de 1946 y en otras similares. La nulidad de los juicios establecería un enlace indispensable con la legalidad democrática de 1931, restituyendo un hilo democrático e institucional que dejaría en un paréntesis ilegal y antidemocrático a la etapa de la dictadura franquista. Por tanto, la seguridad jurídica radicaría en esta anulación de las sentencias y, por consecuencia, en la anulación de las consecuencias jurídicas de dicha etapa.

Algunas organizaciones, sobre la base de que la ley no se convierta en una amnistía general, han hecho llegar al Gobierno y a los grupos parlamentarios una serie de enmiendas. En defensa del derecho a la justicia abogan por el establecimiento de un recurso extraordinario para la obtención de la nulidad de las condenas.

De este modo, la Fiscalía o un órgano temporal creado al efecto tramitarían ante el Tribunal Supremo, bien de oficio o a solicitud de parte, la anulación de las sentencias, cuyo trámite no se convertiría en un calvario jurídico para los particulares, con pocas posibilidades de éxito con la actual redacción de la ley.


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