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Valoración del Informe de la Ponencia del Proyecto de Ley de Memoria Histórica

Foro por la Memoria | 10 oct 07


Tras la lectura del téxto aprobado por la ponencia parlamentaria que sobre la denominada ley de memoria y los contenidos de dicho téxto la asociación FORO POR LA MEMORIA manifiesta:

1.- Valorar como positivo el hecho de que pueda existir una LEY que condene institucionalmente el franquismo, dado que supone la primera vez en España que desde un punto de vista institucional y con un soporte jurídico y normativo se va a condenar la dictadura franquista y las atrocidades derivadas del golpe militar de 1936.

2.- Expresar nuestra decepción dado que -según lo aparecido- la ley seguirá siendo insuficiente en tanto en cuanto no fija la nulidad radical de los tribunales represivos franquistas y las sentencias de ellos emanadas, por lo que no satisface las legítimas expectativas de todos aquellos que fueron perseguidos por un sistema represivo ilícito, así como las de sus familiares: no entendemos las reticencias del PSOE a declarar la nulidad ni podemos aceptar las supuestas justificaciones de tal postura en base a erróneos planteamientos jurídicos que nos hacen pensar que existan otros motivos, quizá de índole económica.

3.- Reconocer los avances producidos desde el último téxto propuesto, especialmente en los intentos destinados a darle un valor efectivo en la Exposición de Motivos y la Disposición Derogatoria a las consecuencias jurídicas de la declaración de ilegitimidad que puede viabilizar – aunque obligando a un via crucis individual y judicial- las previsibles reclamaciones de revisión de procesos y anulación de sentencias.

4.- Relatar , en todo caso, la tímida respuesta dada en el téxto a diversos aspectos como el engañoso concepto de memoria personal y familiar – que, afortunadamente nunca se perdieron- así como a la testimonial reparación moral y el ambigüo reconocimiento personal a las víctimas así como respecto a la difusa responsabilidad e intervención publicas en las exhumaciones e identificaciones de asesinados en fosas comunes así como la exigüa respuesta dada a la situación del Valle de los caídos, extremos ambos que, entre otros, esperamos se mejoren en la tramitación y debate parlamentario.

5.- Reafirmar que la recuperación de la MEMORIA HISTORICA DEMOCRATICA de este país es un proceso colectivo que afecta a la sociedad española en su conjunto como ejercicio de sanidad democrática que permita conocer los horrores y las aberraciones de la sublevación franquista y la guerra civil y la dictadura por ella generados y su sistema de exterminio institucionalizado del oponente durante décadas al tiempo que reconocer la labor de los miles de luchadores y luchadoras por la libertad que se sacrificaron primero para defender y luego para conseguir un sistema de libertades: en este sentido entendemos positivo que hayan participado en su génesis diversos partidos de diversas orientaciones puesto que la memoria histórica debe ser un elemento común para la convivencia democrática, al igual que ocurre en el resto de países que han sufrido dictaduras.

6..- Denunciar la hipócrita actitud del Partido Popular que en ningún momento ha planteado voluntad alguna al respecto, y mientras que arremete contra la Ley por divisiva, aplaude las vergonzantes actuaciones de la Iglesia Católica respecto a la canonización de los martires de su “Cruzada”, cediendo incluso suelo público para dichos actos de exaltación como ocurre en Valencia.

7.- Constatar que el proceso de recuperación de la memoria histórica ni ha nacido con el actual téxto legal ni se acaba con la aprobación de la ley puesto que el mismo implica muchos ámbitos de intervención, desde libros de téxto hasta símbolos en las calles, desde fosas y exhumaciones hasta el resarcimiento y compensación a las víctimas de la represión franquista, por lo que desde el movimiento memorialista seguiremos trabajando con o sin ley, e independientemente del contenido de la misma para conocer y divulgar los crímenes franquistas y en aras al merecido e imprescindible reconocimiento social, jurídico y económico de los luchadores y luchadoras por la libertad en éste país




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