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La Ley sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo aunque mejora,

Amnistía Internacional | 18 oct 07

Las víctimas de crímenes de tortura, ejecución extrajudicial o
desaparición forzada, al margen de las indemnizaciones y de las
limitadas vías para obtener justicia

AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

18 de octubre de 2007

La Ley sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo aunque mejora,
no salda la deuda pendiente

Las víctimas de crímenes de tortura, ejecución extrajudicial o
desaparición forzada, al margen de las indemnizaciones y de las
limitadas vías para obtener justicia

Madrid.- Para Amnistía Internacional el Proyecto de Ley sobre víctimas
de la guerra civil y el franquismo ha mejorado tras su paso por la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, pero insiste en
que sigue estando muy alejada del derecho internacional y, por tanto, no
salda la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que
padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron
verdad, justicia ni reparación.

La organización llama especialmente la atención sobre las víctimas de
graves crímenes contra el derecho internacional, como torturas,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que el texto
deja al margen de las indemnizaciones económicas y de las limitadas vías
para acceder a la justicia y hace un llamamiento para que este vacío sea
subsanado antes de la aprobación definitiva de la Ley.

“La Ley será un tímido paso adelante en la larga batalla contra el
olvido de las víctimas del franquismo y la guerra civil, pero sin verdad
y sin justicia la deuda no quedará saldada. Más allá de esta Ley, el
Estado aún puede y debe mostrar un compromiso claro con los derechos
humanos que dé respuesta de una vez por todas a estas víctimas”, asegura
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Desaparecen algunos obstáculos, pero no se garantiza ni verdad ni justicia
El Proyecto de Ley inicial presentado por el Gobierno, que Amnistía
Internacional calificó de “ley de punto final”, incluía dos claros
mecanismos de impunidad que conllevaban la ocultación de la identidad de
presuntos autores de crímenes contra el derecho internacional. La
organización da la bienvenida a la desaparición de estos dos mecanismos,
que eran los mayores obstáculos al derecho a la verdad y a la justicia
que incluía el borrador inicial. “Sin embargo, los derechos de las
víctimas siguen sin garantizarse. Los avances del nuevo texto son en
gran medida meras declaraciones de intenciones o disposiciones ambiguas,
cuya efectividad deberá demostrarse en la aplicación de la Ley. A día de
hoy tienen poco significado en términos de justicia material e
individualizada” afirma Esteban Beltrán.

En cuanto al derecho a la verdad, la Ley incluye algunos avances sobre
los archivos de la represión, estableciendo que los poderes públicos
deben adoptar las medidas necesarias para la protección y catalogación
de documentos, en particular aquellos que tengan un mayor deterioro o un
mayor riesgo de degradación. También incluye la obligación de la
Administración General del Estado de recopilar los testimonios orales
relevantes para su remisión e integración en el Archivo General de la
Guerra Civil.

Sin embargo, aunque añade la condena del franquismo expresada en marzo
de 2006 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Ley no
asume su principal recomendación, la de poner en marcha “una comisión
nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos
cometidas bajo el régimen franquista” para conseguir establecer “la
verdad sobre la represión”.
Sobre el derecho a la justicia, esta Ley reconoce a través de una
fórmula ambigua, como es la declaración de “ilegitimidad” de
determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por
motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, lo que según el
derecho internacional carece de valor jurídico. Y renuncia a la
oportunidad de garantizar un recurso idóneo y eficaz para la obtención
de la nulidad de esas sentencias. “Por tanto, no se garantiza el derecho
de las víctimas a obtener justicia individualizada y material. La
eficacia de esa declaración de “ilegitimidad” deberá solventarse en los
tribunales y en cualquier caso deja en la incertidumbre a quienes ya han
intentado la nulidad de condenas a muerte con los recursos disponibles
hasta ahora y con resultado adverso”, continúa Beltrán.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las Administraciones
para que, con independencia de las negociaciones políticas, las
disposiciones de esta Ley sean interpretadas y se apliquen conforme a lo
que señala el derecho internacional.

Crímenes sin nombrar, víctimas sin derechos
Decenas de miles de personas fueron víctimas de torturas, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas tanto durante la guerra civil
como posteriormente durante la represión franquista. Sin embargo estos
crímenes se encuentran ausentes en la Ley: ni se nombran, ni se aborda
la responsabilidad del Estado. Estas víctimas quedan al margen de las
indemnizaciones económicas ampliadas por la Ley y de las limitadas vías
para obtener justicia, puesto que no fueron objeto de ninguna condena ni
sanción.

Sobre la cuestión de las fosas comunes, se han incluido algunas mejoras
respecto al proyecto de Ley inicial, entre ellas que el Estado asume la
obligación de elaborar un mapa de fosas en todo el territorio español y
de adoptar medidas para la preservación de las áreas identificadas, y
que el Gobierno deberá preparar un protocolo de actuación para asegurar
la colaboración institucional en las exhumaciones. Además, los hallazgos
de fosas deberán ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales
competentes.

Aunque estas medidas parecen demostrar una cierta sensibilidad hacia los
familiares de los desaparecidos, no suponen ningún reconocimiento de
derechos y están muy lejos de ajustarse a lo previsto por el derecho
internacional. Se mantiene la tendencia hacia la “privatización” de la
tarea de localizar y exhumar los restos de las víctimas de desaparición
forzada, delegada en entidades sociales, y obvian la responsabilidad del
Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y
garantizar justicia y reparación a las víctimas. “Con este alejamiento
de los estándares internacionales en las cuestión de las fosas comunes,
España ofrece un pésimo precedente a otros países que se enfrenten a
procesos similares”, dice Beltrán.

Reconocimiento moral, sin consecuencias económicas ni jurídicas
El reconocimiento moral, a través de la Declaración de Reparación y
Reconocimiento Personal, se ha ampliado a algunos grupos pero sigue sin
reconocer la doble victimización de quienes no fueron reconocidos como
víctimas durante décadas. Esta Declaración, además, no tendrá efectos de
ningún tipo, económicos o jurídicos, salvo el de reparación moral. “Este
mecanismo tampoco se ajusta a las exigencias de verdad tal y como marca
el derecho internacional aunque, como no podía ser de otra manera y
según reconoce explícitamente la Ley, es compatible con el ejercicio de
acciones judiciales”, concluye Beltrán.

En cuanto al reconocimiento económico, el texto se limita a ampliar las
indemnizaciones a determinados grupos de víctimas otorgadas por el
Estado en los últimos treinta años, sin nombrar los abusos de los que
fueron objeto y sin conexión con el hecho de ser víctimas de tales
abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.


Información adicional
En noviembre de 2006 Amnistía Internacional presentó el informe
“Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho”, en el que
analizaba el Proyecto de Ley sobre víctimas del franquismo y la guerra
civil. Según el informe, el texto presentado por el Gobierno ignoraba
las normas internacionales de derechos humanos y eludía obligaciones
internacionales que el Estado español debe cumplir en materia de
derechos de las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario. El informe alertaba sobre algunas
disposiciones del Proyecto de Ley que en la práctica podrían suponer una
amnistía general encubierta.

El pasado mes de marzo, una delegación formada por expertos de Amnistía
Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de
Juristas se reunieron en Madrid con representantes del Gobierno y de los
Grupos Parlamentarios para exponer y debatir sus preocupaciones sobre el
Proyecto de Ley. Los representantes de las tres organizaciones
coincidieron en señalar que el texto presentado por el Gobierno era, en
su redacción original, inaceptable, ya que no garantizaba, y en algún
caso obstaculizaba, los derechos fundamentales de las víctimas.
Asimismo, hicieron un llamamiento al Congreso de los Diputados para que
el Proyecto de Ley fuera sustancialmente modificado durante su
tramitación; algo, que aunque sea levemente, ha ocurrido.



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