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Sábado, 25 de Marzo de 2017
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Entrevista


El prestigioso abogado Beinusz Smukler confía en que los tribunales de Buenos Aires admitirán la querella que presentará mañana para que se aplique la jurisdicción internacional a los crímenes cometidos durante el franquismo
"Sería incomprensible apartar de la judicatura a Garzón"

Soledad Gallego-Díaz - El País | 13 abr 10

La querella que se presenta este miércoles ante los juzgados federales de instrucción de Buenos Aires para que se aplique la jurisdicción internacional a los crímenes cometidos durante el franquismo lleva la firma de uno de los abogados argentinos más conocidos por su participación en la defensa de los derechos humanos en la época dura de la dictadura militar, Beinusz Smukler.

El abogado, que ha sido presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y que ocupa actualmente la presidencia de una de las dos agrupaciones de abogados (la más progresista) de la capital argentina, se confiesa seguidor de los procedimientos iniciados en su día por el juez español Baltasar Garzón contra miembros de las dictaduras latinoamericanas.

"Creo que para la comunidad jurídica internacional sería incomprensible que los responsables del máximo tribunal español apartaran del poder judicial al juez Garzón, cuyos principios estamos retomando otros jueces en todo el mundo para lograr que se aplique la jurisdicción internacional contra crímenes de genocidio o lesa humanidad", asegura.

Pregunta. ¿Su querella pide que se investiguen hechos ocurridos en la Guerra Civil y en fechas inmediatas o durante toda la dictadura franquista?

Respuesta. Nos referimos a hechos ocurridos entre 1937 y 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Partimos de dos casos concretos, ocurridos en 1937, y pedimos que se investigue si alguno de los responsables de esos actos sigue vivo, lo que no es imposible. Somos conscientes de que jurídicamente no es posible abrir una causa si los imputados están muertos, pero nosotros tomamos todo el periodo franquista y pedimos al Gobierno democrático español que nos informe de quiénes formaron parte de los sucesivos Gobiernos franquistas, altos cargos de la Guardia Civil, la policía y las Fuerzas Armadas, eventuales responsables de los hechos delictivos ocurridos en esas fechas. Pedimos que se abra una causa por el conjunto de los crímenes cometidos en todo el periodo de la dictadura de Franco. No creemos que esos hechos puedan ser amnistiados.

P. ¿Desde cuándo prepara el caso?

R. A fines del año pasado nos vino a ver Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano gallego asesinado en 1937 por falangistas. Quería que estudiáramos si todavía era posible hacer algo ante los tribunales. Reconozco, sin embargo, que todo ha adquirido un ritmo muy rápido como consecuencia de la ofensiva para desplazar al juez Garzón y de dejar sin efecto la causa que él había abierto en España.

P. ¿Cuál es el calendario previsible ante los tribunales argentinos?

R. Evidentemente, no tengo la seguridad de que la querella sea aceptada en la Cámara Federal, pero confío en que así sea, porque precisamente la Constitución argentina prevé la posibilidad, en determinadas circunstancias, de juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Lo lógico sería que se aceptara la querella, se remitiera al fiscal y en algo menos de un mes hubiera novedades al respecto.

P. ¿No le preocupa la posibilidad de que esta iniciativa pueda terminar perjudicando al juez Garzón, si la querella es rechazada de plano por la justicia argentina?

R. Sería una apreciación de tipo estratégico, que no me planteo. En principio, la decisión de los tribunales argentinos no debe ni beneficiar ni perjudicar al juez Garzón. Pero a nadie se le escapa que la apertura de la causa en los tribunales argentinos supondría retomar los mismos principios a los que aludió el juez español al iniciar su propia causa.

P. ¿Teme que la querella argentina pueda ser considerada como una forma más de presión sobre la justicia española?

R. No. Para mí, lo grave sería que el máximo tribunal español considerara que es motivo de sanción que un juez abra una causa de este tipo, es decir, relacionada con la jurisdicción internacional. Eso sí sería incomprensible.

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